Los suspensos en las oposiciones docentes han vuelto al centro del debate este julio. Los altos porcentajes en varias comunidades han activado protestas de opositores, interinos y familias. La movilización prevista en Madrid para el 14 de julio apunta al modelo de acceso, a los criterios de corrección y al peso de la ortografía.
El dato impresiona. En Murcia, el porcentaje de suspensos ronda el 63%. En Castilla y León, las cifras difundidas elevan el dato hasta el 83%. El titular es fuerte, pero no explica por sí solo lo que está pasando. Detrás hay varios procesos abiertos a la vez. Está la exigencia de reducir la interinidad. Está la obligación de muchos docentes temporales de presentarse al examen. También aparece el endurecimiento de algunos criterios de corrección. Y, de fondo, una queja común: el sistema exige más, pero no siempre explica mejor cómo evalúa.
Una parte de los suspensos en las oposiciones docentes no responde solo a aspirantes que llegan sin preparación. También hay interinos que acuden al examen porque lo necesitan para seguir en el sistema. Un interino es un docente que trabaja en la enseñanza pública sin plaza fija. Puede cubrir una vacante durante un curso o sustituir a otro profesor. En muchos casos, ya está dando clase cuando llega la oposición.
Ahí aparece una de las primeras quejas. Algunos interinos se presentan para cumplir el trámite y se marchan tras el tiempo mínimo exigido. No buscan competir en igualdad real con quien lleva un año preparando cada tema desde cero. La protesta de este grupo va por otro lado. Muchos entienden que no tiene sentido tratar igual a quien ya trabaja dentro del sistema y a quien llega desde fuera. Una frase resume ese malestar: “no es justo que el proceso sea el mismo que para quien no está ya dentro de la docencia”.
La cuestión no es menor. España arrastra desde hace años una tasa alta de temporalidad en la enseñanza pública. La Unión Europea ha presionado para reducirla. Por eso se han convocado más plazas y procesos de estabilización. El problema es que esa solución también ha aumentado la frecuencia de los exámenes. Las oposiciones docentes no funcionan igual cuando llegan cada pocos años que cuando se convocan con más frecuencia. Antes, en muchas especialidades, los aspirantes tenían más margen para preparar una prueba concreta. Ahora hay más oportunidades, pero también más desgaste.
La lógica administrativa es clara. Si Europa exige bajar la temporalidad, España necesita más plazas fijas. Para eso hacen falta convocatorias. Pero el efecto para los opositores no siempre es positivo. Preparar una oposición docente exige memorizar temas, practicar supuestos y diseñar materiales. También hay que entrenar la escritura a mano durante horas. Si el calendario aprieta, la preparación específica puede caer. Eso explica parte del enfado. Los futuros docentes no rechazan la exigencia, pero discuten si el proceso mide bien lo que debe medir.
La ortografía ha sido uno de los puntos más sensibles. En Andalucía aún no hay datos oficiales completos sobre el porcentaje de suspensos de la primera parte. Pero la penalización por faltas ya ha marcado el debate. Hasta 2023, según recoge el carrusel, cada falta restaba 0,2 puntos sobre 10. El máximo que podía perderse era de dos puntos. A partir de 2024, el castigo subió. Una falta resta 0,5 puntos. Con cuatro errores, la penalización llega a cuatro puntos. Con cinco faltas, el examen queda suspendido.
La queja no va contra escribir bien. Los opositores saben que un profesor debe dominar la lengua. El reproche apunta a la forma de aplicar ese criterio. En el debate aparece una frase clara: “no están en contra de que un profesor escriba bien, pero hay fallos en la forma de juzgarlo”. El ejemplo más repetido distingue falta y errata. Escribir mal una palabra varias veces puede mostrar un error real. Dejarse una letra al final de una palabra, en un examen de cuatro horas y media, puede responder a un descuido. Muchos aspirantes denuncian que durante 2024 y 2025 esa diferencia no quedó clara.
La situación del examen también pesa. El aspirante tiene que escribir a mano durante varias horas. Desarrolla un tema que sale al azar entre decenas de opciones. Además, debe resolver ejercicios prácticos. En ese contexto, una parte de los opositores pide otro equilibrio. Los testimonios que circulan entre opositores y antiguos aspirantes llegan a una idea común. Si la corrección formal pesa más, el examen debe dar margen para revisar. “Si vas a restar tanto y darle tanto valor a revisar lo que escribes, tienes que dar tiempo para ello”.
La propuesta que gana espacio no pide regalar aprobados. Pide ajustar la estructura. Algunos plantean reducir contenido. Otros defienden cambiar el peso de las partes. También hay quien pide criterios más claros antes del examen. El fondo del debate está ahí. La docencia pública necesita buenos profesionales. Nadie discute que un profesor deba escribir con corrección. Tampoco que las oposiciones tengan que seleccionar a los mejores candidatos. La discusión está en si el proceso actual lo consigue. Los suspensos masivos pueden indicar falta de preparación. También pueden mostrar un modelo con demasiada presión, poca transparencia y criterios difíciles de aplicar con equilibrio.
Opositores, interinos y familias reclaman una revisión del proceso. Piden exigencia, pero también coherencia. Quieren criterios claros, tiempos realistas y una corrección que distinga entre desconocimiento y error puntual. “el futuro de la docencia tiene que ser lo más excelente posible”. Esa idea no choca con las quejas. De hecho, las explica. El debate ya no está en si hay que exigir. Está en cómo se exige. Y, sobre todo, en si el sistema de acceso ayuda a encontrar buenos docentes o solo deja una cifra enorme de suspensos cada convocatoria.
